¿Qué es y qué hace la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana? Denuncia que “los dineros públicos de nuestros impuestos no llegan al Programa de Camineria Rural administrado por OPP”
Imaginen un agujero negro. No cósmico, sino terrenal y bien uruguayo. Una espiral que consume y no devuelve nada, que hace desaparecer todo lo que engulle. Luego imaginen que ese fenómeno se produce con dineros públicos. Después, para ser más específicos, la imaginación debe tomar cuenta que hace desaparecer los fondos que se deberían destinar –por ejemplo- a la caminería rural, esa que todos aceptamos está atravesando un momento deficiente. Imaginó bien. Algo no funciona en el uso de los dineros públicos del Uruguay. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es ineficiente y no puede controlar las obras del Programa de Camineria Rural en los gobiernos departamentales del país, el Fondo de Incentivo de Gestión Municipal, “la falta de Controles y el Artículo 211 de la Constitución de la República” son una deuda importante en servicios con la ciudadanía. Este preámbulo oficia de presentación para el cometido de la Asociación
Nacional de Control y Participación Ciudadana.
Y para presentar a esta entidad, PUNTO Y APARTE fue hasta Jorge Núñez, un economista jubilado que trabajó como funcionario internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Luego de sus incursiones en estas organizaciones económicas globales, Núñez decidió pasar a retiro y radicarse junto a su familia en una chacra de San Jacinto, departamento de Canelones. Desde allí nos cuenta que “la Asociación nace desde una necesidad de información y con la preocupación de un conjunto de ciudadanos a nivel departamental y nacional donde identificamos que los dineros públicos de nuestros impuestos no llegan al Programa de Camineria Rural que es administrado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Identificamos con documentos entregados por la propia OPP que a partir del año 2021, las obras públicas del Programa de Camineria Rural no contaban con los controles y certificadas por costo/calidad y garantía. En paralelo, conocíamos que no era una decisión del camino donde yo vivía sino que esta falta de controles se daba en todo el Uruguay profundo. Pasados los años, el Camino a Tapia o Camino UYCA1366 (codificación del Camino Rural) que transitaba con mi familia a diario, registraba que su mantenimiento era a pérdida sin ningún tipo de referente que permitiera una respuesta coherente y/o responsable. El camino se arregla 4 o 5 veces por año y una vez arreglado al caer 10 o 20 ml de lluvia, el camino volvía a su estado desastroso. Ello genera en todo este tiempo un sentimiento de desidia por parte de las autoridades de turno”.
Hablemos de financiaciones
Luego de esta génesis que a modo introductorio relata Núñez, es importante saber cómo se financia el Programa de Camineria Rural. El PCR nace de la Ley 19.924 de Presupuesto Nacional, Artículo 666, tiene 2 proyectos de financiamiento. Uno es el Proyecto 994, Financiamiento Organismos Internacional del BID con auditorias independientes de costo/calidad y garantía. Otro, el Proyecto 999, financiamiento con impuestos de contribución inmobiliaria y patente, sin controles/certificaciones cuyo procedimiento actual no garantiza a los ciudadanos costo/calidad y garantía. Dice el Ec. Núñez “los gobiernos departamentales presentan anualmente una Declaración Jurada de los dineros públicos que la OPP ha desembolsado desde 2020 a la fecha. A partir del año 2021 un ex funcionario de jerarquía de la OPP -según se nos informó- decide no controlar las obras del Proyecto 999 del PCR. Esto ha sido confirmado y aceptado por el Dr. José Arenas, nuevo director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.
Acto seguido pasa a citar algunos elementos centrales en la investigación. Por ejemplo, en setiembre de 2024, la Asociación presenta ante Fiscalía General una denuncia penal dados los elementos, argumentos, pruebas y testimonios que demostrará que identificamos ‘Presunción de Desvíos de Dineros Públicos’ y falta de controles. La denuncia agrega elementos que probaremos que tanto las juntas departamentales como el Tribunal de Cuentas no realizan los controles requeridos según la Ley 9.515, Artículo 1 y del Gasto Preventivo del PCR. La OPP nos confirma en un documento que ‘se considera necesario mencionar además que, dese el año 2021, con la vigencia de la nueva Ley de Presupuesto Nacional, la certificación de los trabajos de mantenimiento de caminería es realizada por los técnicos de los gobiernos departamentales’. Tenemos prueba que no han existido los controles requeridos y que tampoco se habría implementado un procedimiento de licitaciones públicas transparentes y competitivas tal cual lo establece el Artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). Especialmente para estos montos presupuestados del PCR para el quinquenio 2020-2024 (USD 200 millones dólares y/o USD 530 millones de dólares). También identificamos que el Tribunal de Cuentas ha violentado el control preventivo del gasto al igual que existe evidencia documentada que el órgano de contralor, violenta los Principios Fundamentales de Ética y Gestión Pública del Organismo Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en ingles). Cabe destacar que el Tribunal de Cuentas es miembro pleno del INTOSAI. ¿Cómo se violenta? El Tribunal de Cuentas mediante la designación de ‘contadores técnicos’ contratados por los gobiernos departamentales, definen perfiles de responsabilidad para que ‘hagan las veces’ de contadores delegados”.
En todo momento el Economista Núñez se apoya en sus expresiones con gráficas y documentos. Desde las palabras, argumenta que “es un hecho grave para una gestión de control del uso transparente y eficiente de los dineros públicos ya que violenta claramente la independencia del técnico al momento de realizar los controles y las denuncias según el Artículo 211 de la Constitución de la República. Hecho naturalizado en el país que puede estar siendo utilizado en otros incisos identificados del Presupuesto Nacional y la Asociación entiende que urge una Ley Interpretativa para prohibir que contadores funcionarios dependientes de los gobiernos departamentales puedan hacer las veces de contadores delegados ante el Tribunal de Cuentas”.
La ausencia departamental
La Asociación, con ramificaciones y presencias en todo el territorio nacional, identifica que en su mayoría los gobiernos departamentales no estarían realizando ‘Presupuesto por Camino Rural’, lo cual no genera datos e información para la toma de decisión en cuanto si un camino es caro o es económicamente eficiente la inversión pública. “Claramente identificamos que son obras a pérdida que son subsidiadas por la ciudadanía. Esto sin contar los cientos de siniestros viales que podrían evitarse con una camineria con un estándar de calidad”, explica en diálogo con este medio.
Presente, futuro y más irregularidades
Algunas claves con el factor tiempo como determinante. Desde abril de 2025 en adelante, las nuevas autoridades de la OPP, en la figura del Dr. José Arenas, coinciden con la Asociación de Control y Participación Ciudadana y decide volver a los controles/certificaciones que se hacían hasta el 2021. “El problema es que como se desmanteló el Equipo de Certificadores ya la OPP ha definido que no se realizarían desembolsos sin debidos informes de avance. Esto hoy nadie lo controla y es una preocupación de nuestra Asociación”, explica Jorge Núñez, luego de un trabajo de 5 años de investigaciones que cada día, cada mes, adiciona elementos. “Hay pruebas que tenemos en Fiscalía General, la Justicia va a actuar porque no puede pasar que esta gente continúe utilizando los dineros públicos como hasta el momento. Nuestro objetivo es marcar la evidencia, la prueba”, señala Núñez.
Esta organización de la cual muchos no tenían conocimiento, ha tenido rol protagónico en la denuncia contra el intendente Besozzi de Soriano, un departamento donde estos hechos se repiten con frecuencia. La entidad ha realizado pedidos de acceso a la información pública ante OPP. En el último, recibido en octubre de 2024, es donde se detalla la particularidad “de que se repiten los montos el mismo día –con el mismo código- para un camino rural, a la misma hora y el mismo trabajo”. A la espera de más imputaciones, la Asociación trabaja a futuro. “Está realizando los contactos y presentaciones ante diputados y senadores del Parlamento para proponer una Ley Interpretativa con una ‘Propuesta de Reestructura del Tribunal de Cuentas’ y la incorporación de la Participación Ciudadana como herramienta fundamental permanente en apoyo al control y la participación”, mientras se agudizan otros costados de corrupción.
Más falta de controles
“Misma situación de falta de controles e independencia en las auditorias y control preventivo del gasto hemos identificado en el Fondo de Incentivo de Gestión Municipal. El mismo marco conceptual del desorden de la investigación del Programa de Caminería Rural es identificado en este Fondo. Si bien no hemos finalizado con esta investigación, se identifica que los Literales A, B, C y D no son debidamente controlados y certificados según requieren las adquisiciones de bienes y servicios que son ejecutadas con dineros públicos. En nuestra participación investigando otros incisos del Presupuesto Nacional hemos advertido el mismo patrón de falta de controles e independencia en el Control Preventivo del Gasto y las auditorias independientes que no permiten advertir y denunciar en tiempo y forma los desvíos de dineros públicos en la función pública”, concluye Jorge Núñez, en diálogo con la radio, como primera parte de una serie de entrevistas que luego agudizarán la mirada en cada territorio y sus irregularidades.
